La Justicia Federal notificó, el lunes último, a la
Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) la resolución que desestima la
denuncia penal presentada por las autoridades de la gestión tellista por delito
de terrorismo, financiación del terrorismo, usurpación y privación ilegitima de
la libertad, a quienes participaron del movimiento de la toma, el año pasado.
El secretario legal y técnico de la UNLaR, el abogado
Gabriel García Cruz, dijo que el movimiento de la toma, integrado por alumnos,
familiares no son terroristas, ni financian el terrorismo. Explicó que lo
importante de la resolución es el inciso dos que ordena extraer copia de
las actuaciones y documentación presentada por la UNLaR para iniciar una nueva
causa penal contra determinadas autoridades de la gestión universitaria
anterior.
"Entre la documentación tenemos las
notificaciones que se hizo a un grupo grande de docentes que estaban en
edad de jubilarse y se los notificaba como no designado, pero una vez que
ingresamos a las oficinas del rectorado constatamos con la justicia que no
existían", comentó García Cruz y precisó que "a nuestro criterio se
trata de falsedad ideológica de instrumento público".
El abogado informó que la UNLaR también pidió que se
cite a declaración indagatoria a los funcionarios y propietarios de
los vehículos que el año pasado intentaron "robarse" la información
en discos duros y computadoras, delito que se conoce como sustracción de
instrumento público.
También desde la UNLaR se está pidiendo a la justicia
que investigue los más de 3 mil expedientes sin los actos administrativos
pertinentes con erogaciones millonarias de dinero en materia de comisión de
servicio, viáticos, gastos de traslados de los que no se encontraron
rendiciones de cuenta, ni documentación que lo avale.
Además la universidad, el último jueves, se
constituyó como querellante particular en la nueva causa penal N 17941/14 para
seguir aportando pruebas, tales como libros de protocolos en lápiz negro,
resoluciones rectorales del año pasado, y que constituiría falsedad y estafa.
"Son aquellos actos administrativos que no se encuentren debidamente
rubricados por lo tanto se deberá investigar que destino tuvieron esos actos
administrativos y hay que ser una investigación administrativa y penal bastante
seria", explicó el abogado.
Por su parte, la secretaria relatora técnica del
Consejo Superior, Mirta Vilte, dijo que "si bien es un formalismo sabíamos
que no iba a proceder esta causa, pero no dejaba de existir, y había una
causa judicial abierta endilgando a este movimiento que había realizado la
toma, como terroristas". Agregó que "lo que molestaba es que
había una causa abierta por financiamiento del terrorismo y ellos entendieron
que el aporte de la mamá, papá y la gente que se solidarizó lo entendía como
financiamiento".
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