La justicia federal rechazó amparo impulsado por el sector tellista

Así lo resolvió el juez Daniel Herrera Piedrabuena, al considerar que lo dispuesto por la Asamblea Universitaria el 9 de octubre de 2013 goza de plena legitimidad y que las actuales autoridades de la UNLaR no ejercen cargos de facto.

El pasado 13 de febrero, el Juzgado Federal de Primera Instancia, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, se pronunció con respecto a la acción de amparo interpuesta por Francisco Asís Filonzi, Wenceslao Gordillo y Eduardo Escobar, en contra de las actuales autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja.

En este sentido, el magistrado resolvió no hacer lugar a la solicitud de la parte demandante, al considerar que el 9 de octubre de 2013 la Asamblea Universitaria procedió acorde a las previsiones del Estatuto Universitario y la ley 24.521, respeto al proceso electivo de las actuales autoridades.

Por su parte, el Subsecretario del área Legal y Técnica de la UNLaR, Ab. Gabriel García Cruz, brindó más detalles acerca de la resolución dictada en el Expediente Nº 27590/2013, caratulado: “Asis Filonzi, Francisco y Otros c/Universidad Nacional de La Rioja s/Amparo Ley 16.986”.

“A través de este fallo quedó evidenciado que las actuales autoridades no son de facto y lo resuelto por la Asamblea Universitaria es absolutamente legítimo, porque se respetaron los plazos y procedimiento que establece el estatuto”, resaltó García Cruz.

A su vez, el funcionario indicó que el juez también entendió que en definitiva la cuestión “amerita un mayor debate y no un simple amparo”.

Por otro lado, el funcionario expresó que no es cierto lo manifestado por los tres demandantes en el amparo, en cuanto a que las actuales autoridades les violaron sus derechos políticos y laborales, como consiliarios, docentes e investigadores. “Ninguna de esas afirmaciones son ciertas, por el contrario son temerarias. Ya que los tres estuvieron presentes y votaron el pasado 18 de diciembre en la sesión de la asamblea para reformar el estatuto y siguen dando clases en esta universidad. Por lo tanto, cuáles son los derechos afectados”.

Por último, García Cruz señaló que es importante resaltar que las docentes Adela Ríos, Erika Fuentes y Lorena Cáceres, desistieron de este proceso en diciembre de 2013. “Al tomar conocimiento que las habían hecho firmar un amparo en contra de las actuales autoridades, cuando en realidad querían interponer esta acción para una cuestión estrictamente académica, como es la defensa de sus cargos docentes”, expresó.